Desde hace varios años España está
soportando una crisis económica que ha sido gestionada de manera
deficiente por los sucesivos responsables políticos. Con el pretexto de
cumplir con el objetivo de déficit público impuesto por la Unión
Europea, los diferentes Gobiernos del Estado y de las Comunidades
Autónomas, y muy especialmente el de la Comunidad de Madrid, están
tomando medidas drásticas de recorte del gasto que, de una parte afectan
a la prestación de los propios servicios públicos (entre otros, la
educación, la sanidad los servicios sociales, o la protección por
desempleo) y, de otra, a los derechos de los empleados públicos. En
paralelo los intereses privados aspiran a gestionarlos, pues ven en
ellos una enorme oportunidad de negocio.
La principal seña de identidad del modelo construido durante más de
treinta años de democracia en España es la respuesta a las necesidades
sociales por parte de los poderes públicos y la articulación de sistemas
obligatorios de protección, entre los que destacan la Seguridad Social,
la educación, la sanidad, los servicios sociales, la justicia, los
transportes, los medios de comunicación, la cultura, el medio ambiente o
la seguridad ciudadana. A lo largo de las últimas décadas hemos ido
avanzando en la universalización de los derechos a toda la población,
cuestión en la que el movimiento sindical ha jugado un papel destacado.
La privatización y los recortes en los
servicios públicos destruyen empleo, deterioran su calidad, empeoran las
condiciones laborales de los empleados públicos (marcando a la baja el
camino para el conjunto de la negociación colectiva), quiebran la
igualdad de oportunidades y la cohesión social, y ponen en cuestión la
gratuidad y la universalidad de las prestaciones. Todo ello es más grave
en una etapa de crisis económica aguda, en la que los servicios
públicos deberían jugar un papel determinante para garantizar la
cohesión social y en la que tanto el gasto como el empleo públicos son
decisivos en la dinamización de la economía.
Las medidas adoptadas por las diferentes
administraciones han aumentado las tasas universitarias, en algunos
casos por encima del 60%, han incrementado la participación de los
ciudadanos en el pago de las medicinas, obligan al pago del transporte
no sanitario, reducen las ayudas que las familias reciben para el
cuidado de personas mayores o dependientes, encarecen la justicia, etc.
Además, se ha incrementado la jornada laboral de los empleados públicos,
lo que ha supuesto que tan solo en la Comunidad de Madrid se hayan
perdido más de 12.000 puestos de trabajo, se ha eliminado la mejora en
caso de Incapacidad Temporal y se han reducido los salarios. Con la
eliminación de la paga extraordinaria
en 2012 se habrá acumulado una reducción salarial de más de un 20% en
poco más de dos años. Todo ello enmarcado en una campaña de descrédito
de la labor y profesionalidad de los empleados públicos.
En la Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional está llevando a cabo una
política de recortes injustificados, por cuanto se producen en paralelo
al incremento del presupuesto que financia a los servicios que han sido
externalizados, y que afectan muy negativamente al empleo y a la
calidad de la prestación de los servicios públicos. El sistema
educativo, la sanidad, la asistencia a los mayores y a las personas
dependientes,
menores, la administración de justicia, el medio ambiente, los servicios
públicos de empleo, la lucha contra el fraude fiscal, la atención al
ciudadano, los servicios de emergencias y protección ciudadana, los
transportes y medios de comunicación públicos están sufriendo sus
consecuencias.
Los importantes recortes en la educación pública han supuesto la pérdida
de 4.500 profesores/as en los dos últimos cursos, la drástica reducción
de las becas de comedor y e las ayudas para libros de texto, lo que
incide en un nuevo retroceso en la equidad y deja a las familias más
desfavorecidas en una situación crítica. Por otro lado, el incremento de
tasas supone una traba al efectivo ejercicio del derecho a la
educación, ya
que expulsa del sistema educativo a los sectores más desfavorecidos, ya
sea en la educación infantil, en la FP de grado superior o en la
universidad, generando además una quiebra en el capital humano que va a
lastrar el desarrollo económico y social.
En el sector universitario los continuos recortes están provocando que
las universidades tengan dificultades para implantar el Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) y están deteriorando las condiciones
laborales del personal docente e investigador, así como y del personal
de Administración y Servicios. Sólo con
una financiación adecuada se podrá garantizar el acceso a la Enseñanza
Superior a todos los ciudadanos a lo largo de toda su vida y en igualdad
de oportunidades.
En la sanidad pública los recortes han supuesto la pérdida de más de
5.000 trabajadores, el cierre de centros y servicios sanitarios, y la
sobrecarga de trabajo de los que permanecen en el sistema, con el
consiguiente empeoramiento en la calidad de la prestación, un notable
incremento de las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de
consulta, y la disminución del tiempo de atención al paciente en los
centros
sanitarios.
En los servicios sociales los recortes presupuestarios han dejado sin
puesto de trabajo a más de 1.000 personas, 500 camas vacías en las
residencias públicas para personas mayores y se han eliminado numerosos
programas de atención a la infancia, lo que dificulta muchísimo la
integración de los menores en riesgo de exclusión social.
Todos estos recortes forman parte de la
estrategia privatizadora de los servicios públicos que lleva a cabo el
Gobierno Regional, como hemos visto en la Educación Infantil, en las
residencias para mayores y ahora con la pretensión de privatizar los
servicios no sanitarios extinguiendo 26 categorías profesionales. Esta
política
amenaza también a empresas públicas emblemáticas como el Canal de Isabel II, Radio-Televisión Madrid o Metro de Madrid.
Quienes suscribimos este manifiesto expresamos nuestro absoluto rechazo a
las medidas adoptadas por los Gobiernos de Estado y de la Comunidad de
Madrid, no nos resignamos a sufrir un enorme retroceso en materia de
derechos y de cohesión social, y defendemos el Modelo Social Europeo
como mejor garantía para el desarrollo económico y social.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 han derivado a las
Comunidades Autónomas toda la presión para conseguir los objetivos de
déficit marcados. El descenso de los ingresos en 2013, a lo que hay que
sumar una diferencia de 1.000 millones de euros en el sistema de
financiación autonómica, no reconocidos
por el Estado, abocan a la Comunidad de Madrid a un presupuesto, para
2013, difícil y complicado en el que, desgraciadamente, el sector
público y sus trabajadores sufrirán nuevos recortes.
Podemos entender la necesidad de realizar ajustes económicos, pero
instamos a los esponsables políticos a buscar vías alternativas para
reducir el déficit público que apunten a las verdaderas causas del
déficit, el paro y la deuda pública en nuestro país, realizando una
administración justa y eficiente de los recursos, en lugar de agravar la
situación con recortes de gastos sociales y el deterioro de las
condiciones laborales de los empleados públicos.
EL DÍA 30 DE OCTUBRE, A LAS 18,30 h., MANIFESTACIÓN DE NEPTUNO A SOL
